En su dictamen de 76 páginas, el Tribunal Supremo ratificó, no obstante, parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones.
La decisión supone una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración.
En su dictamen, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070 y revalidó otras.
Así, las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas pro inmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.
En Estados Unidos los controles del estatus migratorio de una persona son competencia de las autoridades federales.
De acuerdo con esta parte de la ley de Arizona, la policía del estado podrá chequear la identidad de toda persona sospechosa de no tener papeles, pero no podrá detenerla ni deportarla.
El propio Tribunal Supremo reconoce no saber cuáles serán las consecuencias del mantenimiento de esta potestad.
En su dictamen, indica que "no está claro si la aplicación de esta cláusula va a interferir con las leyes de inmigración" o si "creará un conflicto con la ley federal", lo cual deja abierta la posibilidad de que la cláusula vuelva a ser recurrida.
La ley SB1070 de Arizona había sido promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con la férrea oposición de grupos pro inmigrantes.
El dictamen, según los analistas, tendrá amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.
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