Los magistrados del máximo tribunal de justicia tienen en sus manos la permanencia o la deportación de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El máximo tribunal de justicia de Esta
dos Unidos escuchó esta mañana argumentos en el juicio Estados Unidos versus Texas, litigio que resolverá dos beneficios migratorios clave: parar las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados y otorgarles un permiso temporal para trabajar legalmente.
Los demandantes insisten en que las leyes solo pueden ser cambiadas por el Congreso. Y reiteran que el presidente Barack Obama abusó de su poder ejecutivo porque modificó la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso.
Frente a los argumentos que presentaron los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva Migratoria, los magistrados Sonia Sotomayor y Stephen Breyer fueron los más a favor de la idea de que existen límites en torno a cuán lejos pueden llegar los estados a la hora de demandar al gobierno federal, especialmente en torno a la idea básica que esgrimen de que tendrán que excederse en sus presupuestos si tienen que atender a los inmigrantes indocumentados a la hora de prestarles nuevos servicios, como la expedición de licencias de conducir.
Sin embargo, el abogado Scott Keller que representa al estado de Texas -uno de los demandantes- insistió en que el Congreso es el cuerpo legal que debe autorizar al presidente Obama a la hora de diferir cualquier deportación, por lo que reiteró que la acción ejecutiva no tiene base legal.
Por su parte, el magistrado Samuel Alito, visto como más favorable a la demanda liderada por Texas, salió en defensa del estado afirmando que el tema de los beneficios que recibirían los indocumentados, como la expedición de las licencias de conducir, eran el punto más importante y representaba el argumento más sólido de la demanda.
Representando al gobierno federal, Donald Verrilli fue claro al decir que cualquier demanda a una acción ejecutiva no puede estar basada en los problemas que representan dar o no licencias de conducir de inmigrantes indocumentados.
Por su parte, la precandidata demócrata Hillary Clinton dijo en un comunicado lo "crucial" que representa este caso frente al tema de fondo, una reforma migratoria integral.
“Esperamos que la justicia prevalezca sobre las políticas de odio y que los programas DACA y DAPA puedan finalmente ser desbloqueados”, dijo a Univision Noticias Kica Matos, directora ejecutiva del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por su sigla en inglés).
Para asegurar un fallo favorable previsto para junio, organizaciones locales y nacionales, entre ellas FIRM, convocaron a unas 4,000 personas frente al edificio de la Corte Suprema en Washington.Los beneficios
La Acción Ejecutiva migratoria fue anunciada por Obama el 20 de noviembre de 2014, un año y medio después del estancamiento en la Cámara de Representantes del debate de la reforma migratoria tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley S. 744.
Entre otros beneficios, el programa frena la deportación de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país (dreamers) y se encuentran protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés), y de padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés).
Ambos grupos deben carecer de antecedentes criminales y demostrar que están en el país desde antes del 1 de enero de 2014.
La batalla legal
La Acción Ejecutiva no alcanzó a entrar en vigor como estaba previsto el 18 de febrero del año pasado. Dos días antes, una corte de distrito de Texas falló a favor de una demanda interpuesta el 3 de diciembre de 2014 por un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos), quienes argumentaron que Obama abusó de su poder ejecutivo y que la medida viola la Constitución.
Al no lograr que la corte de Texas revirtiera el fallo, en marzo del 2014 el gobierno acudió a la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Nueva Orleans instancia que el 9 de noviembre ratificó el dictamen de Texas.
El 20 de noviembre, un año después del anuncio de la Acción Ejecutiva, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise la medida.
En enero el tribunal incluyó la petición en la agenda de debates del 2016 y fijó audiencia para el 18 de abril, donde los abogados del gobierno y de los 26 estados presentarán sus argumentos.
Qué se espera
“Los argumentos orales de este lunes son importantes por varias razones”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de leyes de la Universidad Cornell de New York. “En primer lugar pueden proporcionar pistas de cómo el Tribunal Supremo se pronunciará a finales de junio sobre la legalidad de la Acción Ejecutiva para proteger a casi 5 millones de inmigrantes indocumentados de la deportación”.
En segundo lugar, agregó, “podrían indicar cómo los jueces se sienten acerca de las acciones ejecutivas en general”.
Yale-Loehr dijo que la decisión de los magistrados “podría redefinir el equilibrio de poder entre el Congreso y el Presidente", y advirtió que, en general, “los tribunales de justicia han otorgado a la rama ejecutiva amplia libertad en la ejecución de la política de inmigración”.
“La pregunta aquí es si el presidente superó al amplio poder ejecutivo que tiene para no seguir postergando las deportaciones de varios millones de inmigrantes indocumentados, y también otorgarles permisos de trabajo", señaló. “Dudo que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la autoridad general de las acciones del Ejecutivo y el equilibrio de poder entre el Presidente y el Congreso”.
Añadió que “las personas que participan en otras controversias que están involucradas en otras acciones ejecutivas tales como el control de armas o la política medioambiental, sin duda revisarán los argumentos orales en el caso Estados Unidos versus Texas para tratar de determinar cómo los retos legales en esas áreas pueden incidir en la decisión de la Corte”.
Historias de inmigrantes
Las organizaciones proinmigrantes están convencidas que la audiencia convocada por la Corte Suprema tiene dos escenarios: dentro y fuera del histórico edificio.
“Adentro estarán los abogados presentando sus argumentos, pero afuera habrá unos 4,000 inmigrantes contando sus historias a la prensa”, dijo Matos. “Estamos seguros de que al final del día el tribunal fallará a favor del legítimo derecho del presidente de tomar Acción Ejecutiva para establecer prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración. Sabemos que DAPA y DACA están del lado correcto de la justicia”.
La activista dijo además que “un bloqueo a las iniciativas enviaría un mensaje de odio a todos los estadounidenses y a los niños hijos de inmigrantes nacidos aquí cuyos padres son vulnerables a la deportación. No podemos traicionar los valores de compasión y de justicia en los que se basa nuestro país”.
“Descongelar DAPA y la expansión de DACA fortalecerá a nuestras comunidades, protegerá la dignidad de las familias, creará empleos, aumentará los salarios medios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos y ayudara a crecer nuestra economía”, apuntó.
La postura republicana
Los republicanos del Congreso esgrimen los mismos argumentos que los estados demandantes. A mediados de marzo la Cámara de Representantes aprobó la resolución 639 (por 234 fotos a favor y 186 en contra) de rechazo a la Acción Ejecutiva.
Poco antes de la votación el presidente del Congreso, Paul Ryan (republicano por Wisconsin) dijo al pleno que “encomendaba” la aprobación “de esta importante resolución para defender nuestros poderes garantizados en el Artículo I de la Constitución” (redactar o cambiar leyes).
“El abuso del presidente de sus poderes ejecutivos, en lo que se refiere a la inmigración (...) ha creado una cuarta rama del gobierno que opera con poca o ninguna transparencia, y socava el Congreso, el cuerpo más cercano al pueblo”, dijo, y anunció que enviaría la resolución al tribunal para apoyar (como Amicus Curiare) la demanda de los 26 estados pese al rechazo de los demócratas.
“La Corte Suprema no necesita de amigos por parte de los republicanos, ya que la última voz en la interpretación de la Constitución la tiene el máximo tribunal de justicia", advirtió la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. "Pero representa la oposición que tienen sobre la comunidad migrante indocumentada”, dijo.
Los demócratas respondieron con un escrito similar que firmaron 225 legisladores, entre senadores y representantes.
La Casa Blanca dijo que la resolución republicana se trataba de un “gesto vacío contra políticas de sentido común anunciadas por el presidente que harán nuestro país más seguro, fortalecerán nuestra economía y son apoyadas mayoritariamente por el pueblo estadounidense".
La otra batallaEl fallo final de la Corte ocurrirá en el verano, probablemente en junio. “Esperamos que los abogados del Departamento de Justicia presenten argumentos sustanciosos que dejen en claro que el presidente Obama utilizó correctamente su poder ejecutivo y que la medida no viola la Constitución”, dijo a Univision Noticias Jorge-Mario Cabrera, director ejecutivo del Fondo de Acción de la Coalición por los Derechos Humanos delos Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
El activista agregó que “la demanda de los 26 estados esconde una enorme realidad, las cientos de miles de familias que necesitan salir de las sombras con una decisión temporal como la Acción Ejecutiva, pero no nos vamos a quedar ahí porque después del fallo vamos a seguir batallando por una solución definitiva, que es la reforma migratoria”.
En Chicago, Illinois, tienen las mismas preocupaciones. “La lucha no termina el 18 en Washington, ni tampoco en el verano. La lucha sigue después de noviembre hasta que tengamos una reforma migratoria”, dijo a Univision Noticias Salina Villanueva, organizadora de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois, (ICIRR, por su sigla en inglés).
“Para esto”, agregó, “necesitamos que nuestras voces se escuchen, que participemos, que en noviembre salgamos a votar y elijamos al sucesor de Obama y un nuevo Congreso. Tenemos historias que contar pero también tenemos votos que depositar en las urnas y exigir un gobierno que acoja a los inmigrantes y no les hable con discursos de odio”.
La reforma migratoria citada por los activistas y que forma parte de un “Plan B” de la Acción Ejecutiva permanece estancaba en la Cámara de Representantes desde el 27 de junio de 2013, cuando el Senado aprobó el proyecto de ley S. 744.
“Esperamos con ansias un fallo favorable de la Corte Suprema”, dijo a Univision Noticias Francisco Moreno, director ejecutivo de la Federación de Confederaciones Mexicanas de Los Ángeles, California. “Y también confiamos en que nuestra lucha por la reforma migratoria sigue en pie, no ha muerto”.
Simultáneo a la concentración convocada frente a la Corte Suprema de Justicia para este lunes, en al menos 27 estados con alta concentración de hispanos se llevarán a cabo vigilias.
“En Seattle nos reuniremos frente al centro de detención del Norwest de la Oficina de Inmigración y Aduanas –ICE, por su sigla en inglés-“, dijo a Univision Maru Mora, directora ejecutiva de Latino Advocacy. “Miles de inmigrantes presos también califican para DACA y DAPA. Nosotros hablamos por ellos”, indicó.
“Ganemos o perdamos”, dijo el sindicalista Eliseo Medina, vamos a asegurarnos que la elección presidencial de noviembre resulte en un mandato contundente por la reforma migratoria integral”.
Tomado de Univisión
